ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

Magistrado Ponente

       


AC-2219-2017

Radicación n.° 11001-31-10-019-2013-00763-01

(Aprobado en sesión de ocho de febrero de dos mil diecisiete)


Bogotá D.C., cinco (05) de abril de dos mil diecisiete (2017)


Se resuelve lo correspondiente en relación con el recurso de súplica interpuesto por la parte demandada en el asunto de la referencia.


I. ANTECEDENTES


1. Yeimy Carvajal Patiño inició proceso contra el recurrente, a fin de que se declara que entre ellos existió  una unión marital de hecho y surgió una sociedad patrimonial. [Folio 29, c.1]


2. Agotado el trámite de rigor, el 11 de noviembre de 2014, el Juzgado Diecinueve de Familia de Bogotá, declaró la existencia de la unión libre y de la sociedad patrimonial, la cual declaró disuelta y en estado de liquidación. [Folio 133 a 136, c.1]


3. Apelada la anterior determinación, en fallo de 10 de noviembre de 2015, el Tribunal Superior de Bogotá, la confirmó íntegramente. [Folio 113, c. 2]


4. Inconforme con lo decidido, el demandado formuló recurso extraordinario de casación.


5. Mediante auto de 17 de mayo de 2016, el ad quem lo concedió, sin ordenar copias para dar cumplimiento a la decisión de primera instancia. [Folios 142 a 144, c. 2]


6. El 28 de junio de 2016 fue admitida por esta Corte la impugnación extraordinaria y se corrió traslado para que el recurrente la sustentara. [Folio 7, c. Corte]


7. El 19 de octubre de 2016, el H. magistrado sustanciador profirió auto en el que resolvió lo siguiente:


Primero: Decretar la nulidad de todo lo actuado en esta Corporación, incluido el auto de  28 de junio de 2016, con el cual se admitió la impugnación extraordinaria frente al fallo de segunda instancia.


Segundo: Declarar inadmisible, y en consecuencia desierto, el recurso de casación formulado por el demandado frente a la sentencia de 10 de noviembre de 2015 proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por Yeimy Carvajal Patiño contra Andrés Avelino Quirós Romero.


Tercero: Devolver el expediente al tribunal de origen.


Como fundamento de lo decidido, sostuvo que la impugnación extraordinaria fue admitida sin reparar en que aquella arribó a la Corte en estado de deserción, dado que la sentencia impugnada no era meramente declarativa sino que contiene órdenes susceptibles de cumplirse, de modo que aunque el Tribunal no lo hubiera ordenado, al censor le correspondía, de conformidad con lo estatuido por el artículo 371 del Código de Procedimiento Civil, cancelar las copias necesarias para su envío al juez de la primera instancia a fin de que procediera al cumplimiento del fallo. [Folio 23, c. Corte] 


8. Inconforme, la parte demandada formuló el recurso de súplica argumentando que la casación se interpuso «exclusivamente en lo atinente al estado civil de la demandante y el demandado, respecto de quienes se declaró la unión marital de hecho», y que no existe obstáculo alguno que impida ejecutar la sentencia. De otra parte, ante el yerro cometido por el ad quem, debe hacerse prevalecer el derecho sustancial. [Folio 24, id.]


II. CONSIDERACIONES


1. Previo al análisis que corresponde realizar en relación con la providencia recurrida, es necesario dilucidar lo relativo a la normatividad procesal aplicable en razón de la entrada en vigencia del Código General del Proceso.


A ese respecto debe atenderse que la Ley 1564 de 2012 es una norma de orden público, y en consecuencia, está llamada a su aplicación a partir del momento en que, según lo ordenado por el legislador, comenzó a regir para todas las situaciones jurídicas y de hecho, incluso aquellas que estuvieron gobernadas por una norma adjetiva anterior, pero cuyos efectos jurídicos no se habían consolidado al momento de entrar en vigor la nueva disposición, lo que se explica por el carácter inmediato que se estableció en el artículo 624 ejusdem, modificatorio del artículo 40 de la Ley 153 de 1887.


Sin embargo, dicha norma, dispone como excepción la ultractividad de los preceptos del Código de Procedimiento Civil en relación con algunos trámites, cuando éstos se iniciaron bajo la regulación de tal ordenamiento.


En efecto, el numeral 5º del artículo 625 ejusdem, establece que a pesar de lo previsto en los numerales anteriores «los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones».


De lo precedente se colige que los recursos interpuestos antes de la vigencia del nuevo estatuto, esto es con anterioridad al 1º de enero de 2016, dentro de ellos el de casación, se rigen por las reglas de la normatividad derogada hasta que se resuelvan. Por eso, dado que la impugnación extraordinaria se presentó previo a la fecha referida, es decir el 24 de noviembre de 2015, su trámite se debe ajustar a las previsiones del ordenamiento procesal derogado, sin que pueda tenerse en cuenta lo dispuesto en el  Código General del Proceso, independientemente de su entrada en vigencia.


2. Realizadas las anteriores precisiones conviene reparar en que según se dejó claro al reseñar los antecedentes de este asunto, la providencia recurrida por la parte demandada contiene dos decisiones interlocutorias diferentes, las cuales fueron relacionadas en los ordinales primero y segundo de su parte resolutiva.


La primera de ellas, acorde con el numeral 5º del artículo 351 y la última parte del inciso inicial del precepto 363, ambos del Código de Procedimiento Civil, estatuto aplicable en virtud de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 624 del Código General del Proceso, es susceptible del recurso de súplica por cuanto se trata de un auto proferido en el trámite del recurso extraordinario de casación que por su naturaleza hubiera sido susceptible de apelación, dado que corresponde a aquel que declara la nulidad parcial de lo actuado.    


Respecto de la segunda, por el contrario, no procede la súplica, porque en los términos del citado artículo 363, aquella está destinada a controvertir algunos de los autos dictados por el magistrado sustanciador, pero en ningún  caso los que por disposición legal debían ser proferidos por la Sala, como lo es el que declara inadmisible la impugnación extraordinaria según lo preceptúa el artículo 372 ejusdem.


En efecto, al tenor de dicha norma:  


Repartido el expediente, se decidirá sobre la admisibilidad del recurso. El auto que lo admita lo dictará el ponente; el que lo niegue, la Sala la cual ordenará se devuelva al tribunal o juzgado que lo remitió. Será inadmisible el recurso por no ser procedente de conformidad con el artículo 366 y cuando no se hayan expedido las copias en el término a que se refiere el artículo 371.


Luego, si en el régimen impuesto por el estatuto procesal civil, la providencia que declara inadmisible la casación no es una decisión que corresponda proferir al Magistrado Sustanciador, la misma no es susceptible de recurrirse en súplica, sino mediante reposición conforme a lo previsto en el artículo 348 de dicha codificación, acorde con el cual ésta procede «contra los autos que dicte el juez, los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se revoquen o reformen».


En ese orden de ideas, por vía del recurso de súplica interpuesto por el demandado sólo es posible proveer en relación con la determinación de declarar nulo todo lo actuado ante esta Corporación, incluido el auto que admitió la impugnación extraordinaria frente al fallo de segunda instancia, única susceptible de ese medio de defensa.


Y en relación con la providencia que debió recurrirse en reposición, si bien el recurrente no formuló dicho mecanismo que resulta ser el idóneo para controvertirla, la Sala encuentra procedente disponer el trámite que corresponde al mismo a efectos de garantizar la efectividad de las prerrogativas de defensa y debido proceso reconocidas en el artículo 29 de la Constitución Política, pues no es admisible que la equivocación de la vía procesal por el impugnante conduzca al sacrificio de los mencionados derechos fundamentales. 


En ese sentido, ha sostenido la Sala que en el análisis de los recursos interpuestos por los intervinientes «debe hallarse el sentido que esté más conforme con las manifestaciones de las partes, con observancia del efecto útil del intento de impugnación y del estado de la actuación, en procura de no sacrificar el derecho a recurrir, el cual, por antonomasia, es parte integrante del núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso” (CSJ AC, 9 Oct. 2009, Rad. 2009-01423-00).


Bajo las anteriores premisas se hace necesario darle el trámite que corresponde a la solicitud del recurrente; por consiguiente, se dispondrá que el expediente retorne al Magistrado ponente a efectos de que resuelva lo que en derecho corresponda.


3. Definido lo anterior, debe afirmarse que el artículo 371 del Código de Procedimiento Civil establece que «en el auto que conceda el recurso se ordenará que el recurrente suministre, en el término de tres días a partir de su ejecutoria, lo necesario para que se expidan las copias que el tribunal determine y que deban enviarse al juez de primera instancia para que proceda al cumplimiento de la sentencia, so pena de que el tribunal declare desierto el recurso. Para estos efectos se tendrá en cuenta lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto del artículo 356».


Dicha disposición a su inciso cuarto señala: «si el tribunal no ordenó las copias y el recurrente las considera necesarias, este deberá solicitar su expedición para lo cual suministrará lo indispensable».


Las anteriores premisas normativas dejan en evidencia que para que pueda surtirse la impugnación, es necesario que el recurrente suministre las expensas correspondientes para la expedición de copia de las piezas procesales que se requieran a fin de dar cumplimiento al fallo, dado que aquél no lo impide ni obstaculiza, tal como lo previene el primer inciso del artículo 371 ibídem, a menos que se trate de los eventos excepcionales contemplados en ese mismo precepto y que se contraen a que la cuestión se relacione exclusivamente con el estado civil de las personas; que la resolución judicial sea meramente declarativa; y cuando haya sido recurrida por ambas partes.


3.1. Ahora bien, el proveído cuestionado no corresponde a ninguna de las hipótesis taxativamente previstas en la norma que viene de comentarse, toda vez que la decisión del Tribunal confirmó la del a-quo, en la cual no sólo se declaró la existencia de la unión marital de hecho de Yeimy Carvajal Patiño y el recurrente, sino también la sociedad patrimonial entre dichos compañeros, la que además reconoció «disuelta y en estado de liquidación», resolución ésta que es susceptible de cumplirse en lo que respecta al trámite liquidatorio.


En tal sentido, en un caso de similares características, esta Sala explicó que: «(…) la decisión emitida no es de aquellas que su ejecución esté excepcionada, pues no alude, de manera exclusiva, al estado civil, tampoco refiere a una determinación meramente declarativa o recurrida por ambas partes,  contrariamente, el fallo emitido incorpora un componente de corte eminentemente patrimonial como es la disolución y liquidación de la sociedad declarada entre los compañeros permanentes, providencia que, sin duda, deviene ejecutable». (CSJ AC, 12 Jul 2013, Rad. 01069-01; CSJ AC, 16 Sep 2013, 2009-00071-01).


3.2. Precisamente, sobre este específico punto, la Corte tiene establecido que cuando es viable reclamar la ejecución de la sentencia y no se ofrece garantía pecuniaria para impedirla, es preciso ordenar, a costa del impugnante, la expedición de las copias indispensables para tal fin, y si por cualquier motivo el ad quem omite hacer dicho pronunciamiento, tal carga es asumida por el recurrente, pues la providencia que dirime la litis debe ejecutarse aun cuando se interponga en su contra el recurso de casación.


En relación con lo anterior, la Sala ha enfatizado en que:


El artículo 371 del Código de Procedimiento Civil establece que la concesión del recurso de casación no suspende el cumplimiento de la sentencia, salvo que verse exclusivamente sobre el estado civil de las personas, contenga un pronunciamiento meramente declarativo o haya sido recurrida por ambas partes, o que siendo susceptible de ejecución, total o parcialmente, el recurrente ofrezca caución para responder por los perjuicios que con dicha suspensión llegare a causar… Si ninguna de las anteriores hipótesis ocurre, la misma disposición le impone al Tribunal, si encuentra viable el recurso, la obligación de ordenarle al recurrente que suministre lo necesario para expedir las copias necesarias, con el fin de remitirlas al juez de instancia a efectos de que éste disponga lo pertinente en orden a materializar el fallo…


(…) En todo caso, si dicha orden no se imparte, esto, en principio, de manera alguna releva al recurrente de cumplir la carga en comento, porque como lo establece el inciso 4º de la citada disposición, le corresponde no sólo estar atento a solicitar la expedición de dichas copias, sino a pagar su costo, en la oportunidad establecida, so pena de que en concordancia con lo previsto en el artículo 372, inciso 1º del Código de Procedimiento Civil, el recurso se declare inadmisible y por tanto desierto (CSJ AC, 17 Sep 2008, Rad. 2005-00014-01; en el mismo sentido CSJ AC, 13 Ago de 2012, Rad. 2006-00128-01 y de 16 Sep de 2013, Rad. 2009-00071-01, entre otras).


Queda claro, entonces, que aun cuando se omita ordenar la expedición de las reproducciones que son requeridas para cumplir el veredicto objeto de impugnación, conforme lo ordena el artículo 371 de la ley adjetiva, esa circunstancia no puede traducirse en un desconocimiento del derecho que tiene la parte vencedora en el proceso a obtener lo que a su favor se reconoció, prerrogativa que por estar contenida en una norma procesal es de orden público y de obligatoria observancia.


4. En el asunto sub examine, como la parte recurrente no solicitó oportunamente que se fijara una garantía para evitar la ejecución de la determinación impugnada, ni tampoco atendió la carga procesal prevista en el inciso 3º del artículo 371 del Código de Procedimiento Civil, cuando el expediente arribó a la Corte, el mecanismo de defensa extraordinario se hallaba en estado de deserción, lo que comporta la ausencia de competencia para conocer del mismo.


En efecto, ante el develamiento de un error procesal de dimensiones protuberantes que impida continuar el trámite respectivo sin la enmienda a que haya lugar, pueden presentarse dos situaciones: que el yerro sea constitutivo de una causal de nulidad que afecte el proceso «en todo o en parte», tal como lo previene ab-initio el artículo 140 de la ley adjetiva; o que sin estar taxativamente previsto como nulidad, sea de tal magnitud que deba ser corregido por el juez para, en su reemplazo, proferir la resolución que se ajuste a derecho.


El último evento permite la revocatoria de los autos ilegales en el marco de la teoría del “antiprocesalismo”, la cual tiene aplicación cuando el acto que se considera no ajustado a derecho no alcanza a ser catalogado como nulidad y tan solo afecta la providencia que ha de declararse sin valor ni efecto.

Mas cuando, como ocurre en el sub judice, se trata de un auto que afecta toda una etapa del proceso -como lo es el trámite de la casación- y encuadra en una de las causales de nulidad taxativamente previstas en la ley como insaneables, la decisión que se imponga habrá de ser, de modo necesario, la declaratoria de la respectiva nulidad.


En un caso en el que, tal como ocurrió en el presente, se admitió el recurso de casación a pesar de la existencia del vicio mencionado, esta Sala sostuvo que debía «decretar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de 20 de enero de 1998, inclusive, porque toda la actuación surtida con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia resulta inválida, pues la Corte no pudo adquirir de manera concreta la competencia funcional que le permitiera enmendar los errores de actividad o de juzgamiento en que se dice incurrió el Tribunal, dado el fenómeno de deserción del recurso que con antelación a la asunción del conocimiento por parte de la Corte, hubo de producirse, según lo explicado antes. Lo anterior, máxime si se tiene en cuenta que de conformidad con el artículo 144, in fine, del Código de Procedimiento Civil, la causa de nulidad derivada de la falta de competencia funcional no admite saneamiento» (se subraya; CSJ AC, 6 jul. de 1999, Rad. 6942).


En el mismo sentido, en auto de 8 de agosto de 2008, la Corte expresó:


En lo concerniente con el mecanismo optado para sanear el trámite impreso, esto es, la nulidad de lo actuado en esta Corporación, es indiscutido que la asunción del conocimiento por parte de un funcionario judicial de un asunto en particular, deviene o surge de la propia ley. Es la norma, cuando ella involucra asuntos de competencia, en este caso de carácter funcional, la que entrega a sus agentes la potestad de conocer una litis concreta, por tanto, si no existe la correspondiente disposición no puede avocarse el conocimiento de dicho asunto. Y, en tratándose del recurso extraordinario de casación, al no haberse expedido las copias mentadas, la censura debió ser inadmitida, lo que, de contera, le impedía a la Corte asumir competencia, hipótesis que trasgredida, como así aconteció en el caso bajo estudio, comportó una nulidad insaneable (art. 140 C. de P. C.), que por ello mismo, de oficio, debía corregirse tal cual aconteció. (…) Así, la memoria realizada evidencia, sin discusión alguna, la coherencia que ha mantenido la Corporación en torno a la eventual admisión equivocada del recurso de casación, luego, en tanto no haya razón, como en efecto no la hay, frente a hipótesis de características similares, corresponde apartarse, en cualquier momento, de esa equivocada decisión y optar, en procura de enmendar tal desatino, por la nulidad de la actuación viciada. En esa línea, la decisión suplicada no puede alterarse y, contrariamente, debe mantenerse en todas sus partes. (CSJ AC, 31 Mar. 2009, Rad. 2005-775-01; reiterado en AC, 6 Jul. Rad. 2010-00659-01; 6 Oct. 2014, Rad. 2008-00074-01; 10 Dic. 2014, Rad. 2011-00236-01)


Las razones expuestas llevan a concluir que al declarar la nulidad de lo actuado ante la Corte, el H. Magistrado sustanciador no cometió yerro alguno; por el contrario, esa decisión era la que debía adoptarse y por lo tanto se confirmará.


No hay lugar a imponer condena en costas, por cuanto no aparecen causadas.


III. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión de declarar la nulidad de todo lo actuado ante esta Corporación, incluido el auto que admitió la impugnación extraordinaria.


SEGUNDO: En firme esta decisión, retorne el expediente al Magistrado sustanciador, a fin de que por vía de reposición, resuelva lo que en derecho corresponda frente a las determinaciones contenidas en los numerales 2º y 3º del proveído de 19 de octubre de 2016.


Sin costas.


Notifíquese





LUIS ALONSO RICO PUERTA

Presidente de la Sala





MARGARITA CABELLO BLANCO





ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO






AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO





ARIEL SALAZAR RAMÍREZ





LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA